¿Financiar desastres o prevenirlos?

En Paraguay hablamos cada vez más de inundaciones, sequías e incendios, pero mucho menos de algo igual de importante: ¿de dónde sale el dinero para responder a estos desastres y cómo se está usando? Esa fue la pregunta que nos hicimos al iniciar este trabajo sobre financiamiento público del riesgo de desastres en el país.​

Al revisar datos y normas, encontramos un patrón claro: el Estado paraguayo gasta mucho más después de que ocurre el desastre que antes, en prevención. El presupuesto llega cuando el agua ya entró a las casas o cuando la sequía ya golpeó la cosecha, no cuando todavía estamos a tiempo de reducir el daño. En este post contamos, en lenguaje sencillo, qué está pasando con esos fondos, qué es el Objeto de Gasto 831 y por qué creemos que es urgente cambiar el enfoque.​

Desastres que cuestan caro

En los últimos años, Paraguay sufrió fuertes golpes por eventos climáticos extremos. Las inundaciones del río Paraguay en 2019 desplazaron a más de 2.000 personas y afectaron a casi 70.000 familias, mientras que la sequía de 2022 generó pérdidas estimadas en 250 millones de dólares por la caída del tráfico fluvial y una reducción de la producción de soja de 10,6 a 4,2 millones de toneladas.​

Los informes internacionales advierten que, si no cambiamos el rumbo, el PIB de Paraguay podría reducirse hasta 3,1% para 2050 y la pobreza aumentar en más de un punto porcentual por efecto del clima. En otras palabras, los desastres dejaron de ser “eventos extraordinarios” para convertirse en factores que afectan de manera estructural la economía y la vida cotidiana.​

¿Cuánto dinero se necesita y cuánto está llegando?

Cuando miramos cuánto habría que invertir para prepararnos mejor, la brecha es enorme. Solo para cumplir las medidas de adaptación que el propio país asumió en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), se estiman 6.500 millones de dólares hasta 2030, sobre todo en energía, transporte y agricultura.​

Sin embargo, entre 2019 y 2021 Paraguay recibió apenas 181 millones de dólares en financiamiento climático, alrededor del 0,4% del PIB. Para cerrar la brecha habría que aumentar la inversión anual en unos 2,1% del PIB de aquí a 2050. Hoy estamos lejos de eso, y esa distancia se traduce en barrios sin defensas adecuadas, obras que no llegan y sectores productivos que siguen expuestos.​

El Fondo de Emergencia y el Objeto 831

En el papel, Paraguay cuenta con instrumentos para financiar acciones vinculadas a desastres. Uno de los más importantes es el Fondo Nacional de Emergencia, gestionado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), cuya ley establece que sus recursos deberían destinarse mitad a prevención y mitigación y mitad a respuesta y preparación.​

Dentro de esta arquitectura aparece el Objeto de Gasto N.º 831, “Aportes a entidades con fines sociales y al Fondo Nacional de Emergencia”, que en la práctica es una de las principales vías por las cuales se canaliza dinero para atender desastres, financiando alimentos, logística, albergues y otras formas de ayuda a familias afectadas. El problema es que la información disponible sobre ejecución muestra que la mayor parte del gasto se concentra en la respuesta ex post; la parte preventiva, aunque prevista en la norma, es mucho menos visible y con poco seguimiento específico.​

¿Qué proponemos cambiar?

Después de construir una matriz de 15 indicadores y revisar leyes e informes de organismos internacionales, llegamos a una conclusión sencilla: la arquitectura fiscal paraguaya sigue financiando más la vulnerabilidad que la resiliencia. Por eso proponemos:​

• Reforzar el sesgo preventivo del Fondo Nacional de Emergencia, con reglas claras y metas públicas de inversión en reducción del riesgo.
• Reclasificar y monitorear mejor el Objeto 831, diferenciando gasto reactivo de gasto preventivo.
• Desarrollar instrumentos de protección financiera (seguros soberanos, líneas de crédito contingentes) para no depender solo de reasignaciones del presupuesto.
• Aumentar gradualmente la inversión en adaptación y abrir ventanas específicas para que los municipios accedan a recursos preventivos.​

Paraguay ya cuenta con una base institucional, pero el dinero sigue moviéndose sobre todo cuando el desastre ya ocurrió. Si queremos un país más resiliente, necesitamos que el Objeto 831, el Fondo de Emergencia y otros instrumentos dejen de ser solo “cajas de apagafuegos” y se conviertan en herramientas reales para anticiparnos al riesgo y proteger mejor a las personas y a las finanzas públicas.​

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