Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos: por qué no basta con “aguantar” el clima

Hablar de clima no es hablar de “cómo amaneció hoy”, ni de si va a llover el fin de semana. El clima es el comportamiento del tiempo atmosférico en un lugar durante décadas, y sobre esa base se construyen tanto los riesgos climáticos como las posibilidades de adaptación.

En Paraguay, convergen varios tipos de clima: desde zonas semiáridas y de sabana tropical en el Chaco hasta áreas húmedas y subtropicales en la Región Oriental. Estudios climáticos recientes muestran una tendencia a un país cada vez más húmedo en promedio, pero con suelos que se resecan rápidamente por el aumento de temperatura y evaporación, especialmente en primavera y verano. A esto se suma un aumento sostenido de olas de calor y una variabilidad marcada en los niveles del río Paraguay, con décadas de inundaciones recurrentes alternadas con sequías severas.

En este contexto, el riesgo climático no se reduce a “más calor” o “más lluvia”. Es la probabilidad de impactos adversos cuando peligros climáticos como olas de calor, sequías o inundaciones se combinan con sistemas vulnerables y altamente expuestos: barrios ribereños sin drenaje adecuado, rutas críticas sin mantenimiento, sistemas de agua y energía frágiles, o comunidades rurales sin acceso estable a servicios básicos. Si mejoran las capacidades técnicas, sociales e institucionales, el riesgo disminuye, incluso cuando los peligros naturales siguen ahí.

Frente a este conjunto de amenazas y vulnerabilidades, las políticas públicas tienen el desafío de traducir el diagnóstico en acciones concretas. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Paraguay reconoce esta complejidad e instala la gestión de riesgos como uno de sus ejes centrales. Entre sus prioridades se encuentran la actualización de mapas de riesgo en una plataforma dinámica, el fortalecimiento del monitoreo de variables climáticas, la mejora de los sistemas de alerta temprana y la difusión de estudios y planes de contingencia accesibles para la población. La idea de fondo es clara: cuanto más conocimiento haya sobre los riesgos, y cuanto más circule ese conocimiento más allá de los ámbitos técnicos, mayores serán las posibilidades de adaptación justa e inclusiva.

En reducción de riesgos de desastres se suele distinguir entre medidas estructurales y no estructurales. Las primeras incluyen obras físicas o soluciones de ingeniería como diques, defensas ribereñas, muros de contención, viviendas resistentes, redes de agua y energía robustas, o refugios de evacuación. Las segundas abarcan marcos normativos, ordenamiento territorial, códigos de construcción, planes de contingencia, sistemas de alerta temprana, seguros, educación y sensibilización pública. Una ciudad con muros pero sin normas claras, sin planes de evacuación ni alertas entendibles para su población sigue siendo profundamente vulnerable.

También es clave diferenciar la gestión correctiva de la prospectiva. La gestión correctiva actúa sobre riesgos ya existentes —por ejemplo, limpiar y descolmatar cauces urbanos, reforzar defensas ribereñas o relocalizar familias que viven en zonas de muy alto riesgo no mitigable—, intentando reducir daños acumulados por años de desatención. La gestión prospectiva, en cambio, busca evitar que hoy se construyan los desastres de mañana: evaluar riesgos antes de aprobar proyectos de infraestructura, aplicar evaluaciones de impacto ambiental de forma seria, ordenar el uso del suelo para no urbanizar cotas inundables o no recargar ecosistemas frágiles.

Estas decisiones no son neutras. Una gran obra puede reducir un riesgo e introducir otros: un muro que detiene el avance del río pero genera inundaciones pluviales dentro de la ciudad si no se planifica el drenaje; una expansión inmobiliaria que impulsa la economía local pero aumenta islas de calor, impermeabiliza el suelo y desplaza a familias hacia áreas más expuestas. Por eso, enfoques integrales que articulen ingeniería, ciencias ambientales y ciencias sociales son imprescindibles para pensar en infraestructura realmente resiliente.

La resiliencia sistémica de la infraestructura nacional frente a un clima más extremo implica que energía, transporte, agua y saneamiento, residuos y comunicaciones digitales puedan seguir prestando servicios críticos aun cuando algún componente falle o se vea afectado por eventos extremos. Esto supone diversificar fuentes, prever redundancias, fortalecer capacidades humanas y considerar siempre el entorno natural en que se insertan estas redes. Sin energía confiable, el agua y los hospitales se resienten; sin monitoreo hidrometeorológico robusto, las alertas llegan tarde; sin marcos regulatorios claros, los riesgos se acumulan silenciosamente.

En última instancia, la adaptación al cambio climático no es un listado de obras ni un conjunto de documentos en un repositorio institucional. Es un proceso social y político que requiere reconocer vulnerabilidades históricas, discutir qué se protege y a quién se prioriza, y construir capacidades para actuar de manera anticipada y no solo reactiva. En Paraguay, avanzar en esa dirección implica asumir que el clima está cambiando, pero también que nuestras formas de habitar, producir y gobernar deben cambiar si queremos reducir riesgos y sostener vidas dignas en un país cada vez más cálido, más húmedo y, al mismo tiempo, más expuesto; no se trata solo de aprender a “aguantar” un clima más extremo, sino de transformar la manera en que organizamos la vida en común.

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