
INUNDACIONES Y PREPARACIÓN COMUNITARIA EN CONCEPCIÓN
En los últimos años, quienes vivimos o trabajamos en el norte del país sabemos que hablar de clima ya no es hablar solo de “si va a llover o no”. En Concepción, las inundaciones, las sequías, los incendios y las tormentas fuertes se volvieron parte de la conversación cotidiana, pero eso no significa que estemos realmente preparados. Con esta preocupación en mente, decidí mirar más de cerca qué está pasando a nivel local: cómo se informa la gente, qué tan preparada se siente y qué tan bien –o mal– se están coordinando nuestras instituciones frente a estas amenazas.
Para responder a esas preguntas, realizamos una encuesta a 300 personas de siete distritos de Concepción, incluyendo zonas urbanas y rurales, y conversamos con actores que conocen el terreno: bomberos voluntarios, funcionarios municipales, líderes comunitarios, docentes, agricultores, comerciantes. No buscábamos solo números, sino comprender cómo se vive, en la práctica, el riesgo climático en el territorio. A partir de esas respuestas construimos tres índices, en una escala de 1 a 5: uno de Preparación, otro de Coordinación y otro de Satisfacción con la respuesta institucional. Lo que encontramos nos confirma algo que muchos ya intuían: estamos viendo más amenazas, pero no necesariamente estamos mejor preparados.
Cuando preguntamos por la amenaza que más preocupa, las inundaciones aparecen claramente en primer lugar: casi 4 de cada 10 personas las señalaron como su principal riesgo. Luego vienen las sequías, los incendios forestales y las tormentas severas. No sorprende: Concepción es un departamento ribereño, muy expuesto al río Paraguay y, al mismo tiempo, muy dependiente de la agricultura y la ganadería. Las crecidas que entran a los barrios y cortan caminos, o las lluvias que no llegan cuando deberían, se sienten directamente en la casa y en el bolsillo.
Sin embargo, que la gente identifique bien las amenazas no significa que esté preparada. Uno de los datos más fuertes del estudio es que 36% de los hogares no tomó ninguna medida de preparación frente a inundaciones u otros eventos adversos. Apenas una minoría dice tener un kit de emergencia listo, y menos todavía cuentan con un plan familiar, refuerzo en la vivienda o algún tipo de seguro. Cuando convertimos esto en el Índice de Preparación, el valor promedio es de 2,16 sobre 5: un nivel bajo‑moderado que nos habla de una brecha importante entre lo que la gente sabe que pasa y lo que efectivamente hace para prepararse.
Las razones son múltiples. En las conversaciones aparece la falta de recursos, la sensación de que “siempre vivimos así y siempre nos arreglamos”, pero también cierta desconfianza en que las instituciones vayan a responder a tiempo. Al final, si una familia siente que, haga lo que haga, va a terminar evacuando igual sin apoyo suficiente, la motivación para invertir en preparación se debilita.
Otro eje central del estudio fue entender cómo nos enteramos de que viene una crecida, una tormenta fuerte o un incendio cercano. En Concepción, los sistemas de alerta temprana combinan mensajes de SMS o WhatsApp enviados por instituciones con un uso muy intenso de redes sociales como fuente de información. A primera vista podría parecer algo positivo: varios canales, más posibilidades de llegar. Pero cuando miramos la satisfacción de la gente, el panorama cambia: entre quienes dependen sobre todo de autoridades locales, alrededor del 60% se declara insatisfecho o muy insatisfecho con la información que recibe; entre quienes se informan principalmente por redes sociales, más de la mitad también está insatisfecha.
Detrás de esos números hay historias conocidas: mensajes que llegan tarde, alertas que no explican claramente qué hacer, versiones que se contradicen, rumores que corren más rápido que las comunicaciones oficiales. Un buen sistema de alerta no es solo tecnología, es confianza. La gente necesita saber quién habla, por qué canal, con qué lenguaje y con qué nivel de responsabilidad.
Algo parecido ocurre con la coordinación entre instituciones. En la encuesta, pedimos a las personas que evaluaran cómo ven el trabajo conjunto entre municipalidades, SEN, bomberos, policía y otros actores clave. La mayoría sitúa esa coordinación entre “media” y “baja”, y las respuestas que la califican como “muy alta” o “alta” no superan el 8%. El Índice de Coordinación se queda en 2,30 sobre 5, con una particularidad interesante: docentes y líderes comunitarios tienden a verla un poco mejor, mientras que el voluntariado de bomberos es el grupo más crítico, con valores cercanos a 1,8. No es casual: quienes están en la primera línea de respuesta sienten con mayor claridad cuándo la articulación funciona y cuándo no.
Con estos antecedentes, no sorprende que el Índice de Satisfacción con la respuesta institucional también sea bajo (2,33 sobre 5). Si la comunidad no se siente preparada y percibe que las instituciones no trabajan de forma suficientemente coordinada, la sensación de desprotección se instala. Esto erosiona la confianza y dificulta cualquier llamado a la acción preventiva o a la reubicación en zonas más seguras.
Ahora bien, el estudio no se queda en el diagnóstico. A partir de los hallazgos, proponemos una hoja de ruta simple y de bajo costo para fortalecer la gobernanza local del riesgo. Entre las medidas más urgentes están institucionalizar simulacros periódicos, de manera que la población sepa qué hacer sin esperar al próximo desastre para “aprender en el momento”. También planteamos estandarizar los mensajes de alerta, definiendo con claridad quién emite la información, por qué canales y con qué contenido mínimo, para reducir la confusión y la desinformación. Otro paso clave es potenciar los sistemas de alerta multicanal, combinando tecnologías como SMS y WhatsApp con radios comunitarias y otros medios cercanos a la gente. Finalmente, proponemos crear mesas distritales de coordinación, donde los distintos actores puedan planificar juntos, definir protocolos y fijar metas de coordinación que luego se puedan evaluar.
¿Por qué insistir en todo esto?
Porque detrás de cada índice hay personas concretas que quieren respuestas simples a preguntas muy básicas: ¿me voy a enterar a tiempo?, ¿mi familia sabe qué hacer?, ¿las instituciones de mi ciudad se hablan entre sí o cada una improvisa por su cuenta? Lo que vimos en Concepción sugiere que todavía tenemos mucho por hacer para poder responder que sí con tranquilidad. La buena noticia es que muchas de las mejoras necesarias no requieren grandes obras, sino organización, claridad en los roles y una apuesta seria por la preparación comunitaria
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Sobre el Autor →
Justino Andrés Alfonso Morales. Ingeniero en Seguridad Industrial, Higiene y Medio Ambiente (UNISAN), con más de 8 años de experiencia en HSE y gestión de riesgos laborales. Consultor HSE y propietario de ALFONSO INGENIERÍA – Consultoría en Seguridad industrial. Participante del curso de postgrado “Gestión Integral del riesgo de desastres y adaptación del cambio climático” organizado por la FACSO-UNA en el año 2025.
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